Voces de la Provincia es un espacio abierto creado por la Fundación Soñar Santo Domingo para publicar las reflexiones, propuestas y opiniones de personas que contribuyen al debate público sobre el presente y el futuro de nuestra provincia. Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor.
Marta Escanilla Meneses
Abogado – Militante Partido Republicano El Quisco.
La reciente propuesta de erigir un nuevo complejo penitenciario regional en la provincia de San Antonio no es solo una decisión de infraestructura pública; es una declaración implícita sobre el destino que el Estado le asigna a nuestro territorio.
Frente a la urgencia penitenciaria de la macrozona central, la respuesta administrativa vuelve a tropezar con la inercia centralista: resolver el déficit carcelario trasladando el problema hacia los márgenes, en lugar de detonar allí el potencial productivo y humano que el país requiere.
Nuestra provincia enfrenta una sangría silenciosa y permanente: la fuga de capital humano joven. Cada año, cientos de estudiantes secundarios se ven forzados a migrar a Santiago o Valparaíso ante la ausencia de una oferta robusta de educación superior técnica y universitaria local. Esta migración forzada fractura familias, precariza la economía doméstica y despoja al litoral de la fuerza laboral calificada que su propia matriz productiva exige con urgencia.
San Antonio no carece de vocación productiva; carece de sintonía estatal. Resulta insostenible que el principal enclave portuario de Chile no cuente con centros universitarios y técnicos de primer nivel dedicados a la gestión portuaria avanzada, la logística internacional y el comercio exterior; es igualmente contradictorio que un litoral de riqueza biológica y vocación turística no forme a sus propios biólogos marinos, técnicos en acuicultura o profesionales del turismo sustentable e idiomas, ni capacite a los médicos especialistas en geriatría que demanda una de las poblaciones con mayor índice de adultos mayores del país.
Quienes defienden la instalación de un penal de gran envergadura suelen argumentar la necesidad técnica de terrenos fiscales y la reactivación coyuntural en obras civiles. Sin embargo, ese razonamiento ignora las externalidades de largo plazo.
Una megacárcel no crea encadenamientos virtuosos, no dinamiza el empleo local calificado ni retiene talento: deprime el entorno social, estigmatiza el suelo urbano y profundiza la sensación de postergación territorial.
Habiendo extensos predios fiscales a lo largo de Chile, alejados de centros cívicos y polos urbanos en consolidación, cabe exigir una mínima coherencia estratégica: el suelo público debe destinarse al desarrollo, no a hipotecar el porvenir de una provincia clave para el comercio exterior de la República. San Antonio no puede seguir siendo la variable de ajuste de las urgencias metropolitanas; su verdadera urgencia es formar a sus jóvenes para liderar su propio desarrollo.