Hay cifras que caben en un avalúo. Hay vidas enteras que no caben en ninguna tasación.
Hay decisiones públicas que no solo se evalúan por sus efectos económicos. También revelan la forma en que una sociedad comprende la justicia entre generaciones.
La reciente ampliación del beneficio que rebaja o exonera del pago de contribuciones de bienes raíces a un mayor número de personas mayores abre precisamente esa conversación. Más allá de las cifras, nos invita a preguntarnos cómo queremos acompañar a quienes dedicaron décadas a trabajar, formar familias, levantar sus hogares y contribuir al desarrollo del país.
En Santo Domingo esa pregunta adquiere un significado especial.
Nuestra realidad demográfica muestra que Santo Domingo forma parte del territorio que envejece con mayor rapidez en Chile. Tanto nuestra comuna como la provincia de San Antonio y la Región de Valparaíso presentan algunos de los índices de envejecimiento más altos del país, reflejando una transformación demográfica que ya dejó de ser una proyección para convertirse en una realidad cotidiana. Cada año aumenta la proporción de vecinos mayores de 65 años, muchos de ellos residentes desde hace décadas, que construyeron aquí su proyecto de vida cuando el valor de los terrenos era muy distinto al actual.
Y lo que hoy observamos en Santo Domingo es, en realidad, el anticipo de lo que vivirá todo Chile. Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas muestran que hacia 2050 cerca de uno de cada tres habitantes tendrá 60 años o más, en una sociedad donde las personas mayores superarán en número a los niños y adolescentes. No estamos frente a un fenómeno pasajero, sino ante una nueva realidad que exige adaptar nuestras políticas públicas, nuestras ciudades y también nuestra manera de comprender el bienestar de quienes envejecen.
En ese contexto aparece una paradoja que merece atención.
Las propiedades aumentaron considerablemente su valor producto de la plusvalía del territorio. Es una buena noticia desde la perspectiva patrimonial, pero no necesariamente desde la realidad cotidiana de muchas personas mayores. Porque el incremento del avalúo fiscal no significa que también hayan aumentado sus pensiones o sus ingresos.
En muchos casos ocurre exactamente lo contrario.
Hay adultos mayores que poseen una vivienda cuyo valor ha crecido con los años, pero cuyos ingresos permanecen prácticamente congelados. La riqueza está en el papel; la realidad económica sigue siendo la misma. Y cuando llegan las contribuciones, ese patrimonio que representa la historia de una vida puede transformarse en una preocupación permanente.
Por eso resulta razonable que el Estado busque aliviar esa carga.
No se trata de un privilegio. Tampoco de un regalo.
Es el reconocimiento de que quienes ya contribuyeron durante toda una vida al desarrollo del país merecen vivir esta etapa con mayor tranquilidad y con menos incertidumbre económica. El hogar no debería convertirse en una fuente de angustia precisamente cuando más se necesita estabilidad.
Naturalmente, toda política pública tiene efectos.
Las contribuciones representan una fuente importante de financiamiento para el Fondo Común Municipal, mecanismo mediante el cual se redistribuyen recursos entre las comunas del país para reducir las desigualdades en su capacidad financiera.
Con la ampliación de este beneficio, el Gobierno anunció un mecanismo de compensación destinado a evitar que los municipios vean disminuidos sus ingresos. En términos simples, el Estado transferirá recursos para cubrir la merma que produzca la reducción en la recaudación de contribuciones, procurando que las municipalidades mantengan su capacidad de financiar los servicios que prestan a la comunidad.
Es una decisión importante porque protege simultáneamente dos bienes públicos: el bienestar de las personas mayores y la estabilidad financiera de los gobiernos locales.
Existe, además, una razón de largo plazo para mirar esta discusión con especial atención.
La Nueva Longevidad transformará profundamente la manera en que las municipalidades deberán planificar su futuro. Una población que envejece demanda más espacios públicos accesibles, mejores condiciones de movilidad, programas de envejecimiento activo, mayor apoyo social, iniciativas de prevención en salud, actividades comunitarias y múltiples servicios especializados que, naturalmente, implican mayores costos para los gobiernos locales.
En otras palabras, el desafío financiero de los municipios no disminuirá en los próximos años; aumentará. No solo porque las personas mayores serán proporcionalmente más numerosas, sino porque una sociedad más longeva exige respuestas distintas y de mayor complejidad. Prepararse para esa realidad será una de las grandes tareas de la gestión municipal durante las próximas décadas.
Precisamente por eso, esta discusión deja una enseñanza que va mucho más allá de las contribuciones.
Los recursos públicos siempre serán limitados.
Por eso, cada peso que administra un municipio adquiere un enorme valor. No basta con contar con financiamiento suficiente; también es indispensable administrarlo con responsabilidad, eficiencia y sentido ético.
La austeridad no significa hacer menos.
Significa preguntarse permanentemente si cada gasto genera verdadero valor para los vecinos. Significa revisar procesos, eliminar ineficiencias, evitar gastos que no aportan y concentrar los esfuerzos en aquello que realmente mejora la calidad de vida de las personas.
En tiempos donde los recursos son más escasos y las necesidades son mayores, la buena administración deja de ser una virtud deseable para transformarse en un deber moral.
Una comunidad que envejece necesita municipios financieramente sólidos, pero también inteligentes en la forma en que utilizan los recursos de todos.
En Fundación Soñar Santo Domingo creemos que ambas ideas pueden convivir.
Es justo aliviar la carga económica de nuestros adultos mayores, especialmente cuando el aumento de las contribuciones responde al crecimiento del valor de la tierra y no a una mejora de sus ingresos. Del mismo modo, es justo esperar que cada institución pública haga un esfuerzo permanente por administrar con prudencia los recursos que la ciudadanía pone en sus manos.
Las sociedades se reconocen por la forma en que tratan a quienes abrieron el camino.
Y también por la responsabilidad con que cuidan los recursos que pertenecen a todos.
Porque construir un mejor futuro no consiste solamente en recaudar más. También consiste en gastar mejor, administrar con sabiduría y asegurar que quienes dedicaron su vida a construir nuestro país puedan disfrutar esta etapa con la tranquilidad y la dignidad que merecen.
Fundación Soñar Santo Domingo
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